Una reforma simbólica sin campo: la protección constitucional del maíz nativo llega sin apoyos reales a México

Por Angela

En marzo de 2025, México celebró con orgullo la aprobación de una reforma constitucional que declara al maíz nativo patrimonio biocultural de la nación y prohíbe el uso de transgénicos en su cultivo. Un gesto histórico para un país que dio al mundo esta planta milenaria. Sin embargo, detrás de la celebración, se esconde una verdad incómoda: la reforma, aunque poderosa en lo simbólico, carece de mecanismos concretos para sostener a quienes cultivan el maíz en la realidad económica del campo.

El texto reformado a los artículos 4° y 27 de la Constitución eleva al maíz a un estatus especial: reconoce su valor cultural, impone al Estado la obligación de promover su conservación y asegura que el cultivo sea libre de modificaciones genéticas. En el papel, parece un paso decisivo para recuperar las miles de variedades que sobreviven en los sistemas tradicionales campesinos e indígenas.
Pero cuando se revisa lo que no incluye la reforma, el panorama cambia drásticamente:

• ❌ No crea un fondo nacional para apoyar a campesinos.
• ❌ No asigna presupuestos específicos para producción ni conservación.
• ❌ No establece subsidios por hectárea, precios de garantía ampliados ni incentivos fiscales.
• ❌ No menciona programas de transición agroecológica con financiamiento real.
• ❌ No obliga al Estado a comprar la cosecha de maíz nativo a precios preferenciales.

En otras palabras, no hay dinero nuevo ni políticas operativas que acompañen los grandes principios constitucionales. El Estado se compromete a “promover” y “fomentar”, pero sin metas cuantificables ni recursos asegurados, estos compromisos corren el riesgo de quedar en papel.

Mientras tanto, en el campo, pequeños y medianos productores enfrentan una competencia desigual. Los híbridos comerciales —aunque no transgénicos— dominan buena parte del mercado por su alto rendimiento, y los precios del maíz nativo siguen siendo bajos e inestables. Muchos campesinos cultivan por tradición, no porque sea económicamente viable.
Sin subsidios, precios de garantía fortalecidos ni inversión técnica, esta reforma no cambia esa ecuación.

En realidad, la reforma parece responder más a una lógica cultural y política que económica. Sirve para blindar constitucionalmente al país frente a presiones externas —como la industria transgénica o el T-MEC— y para enviar un mensaje de orgullo nacional sobre el maíz. Pero sin una estrategia clara de producción, comercialización y apoyo técnico, la recuperación del maíz nativo dependerá del voluntarismo campesino, no de una política de Estado.

México necesitaba una reforma que combinara identidad con acción, cultura con presupuesto, principios con instrumentos. Lo que se aprobó es un primer paso importante, pero incompleto.
Proteger el maíz nativo no se logra solo declarándolo sagrado: se logra garantizando que quienes lo cultivan puedan vivir dignamente de ello.