Paya del Carmen, Quintana Roo – Un video que se viralizó en redes sociales mostró el momento exacto en que una implosión controlada redujo a escombros la estructura en construcción del hotel y beach club “The Carmen”, ubicado a la altura de la calle 8 en Playa del Carmen. Lo que miles de personas compartieron y celebraron en internet no era solo la demolición de un edificio, sino la aplicación de la ley federal contra la privatización de playas en México.

El proyecto, que pertenecía a inversionistas estadounidenses y estaba siendo construido por el grupo español Gihoteles, había sido denunciado durante semanas por ciudadanos mexicanos, comerciantes locales y activistas a través de redes sociales. La queja era grave: a pesar de que el hotel aún no estaba terminado, ya se habían instalado barreras físicas y se había acordonado la zona federal de la playa, impidiendo el libre acceso y comportándose como si la costa fuera propiedad privada desde la etapa de construcción. Vecinos de la zona documentaron cómo maquinaria de obra había removido parte de la duna costera y rellenado áreas protegidas con arena, un daño ecológico irreversible.

Las denuncias ante las autoridades municipales fueron ignoradas una y otra vez. Los ciudadanos publicaban fotos y videos en Facebook, Twitter e Instagram mostrando el bloqueo y la destrucción de la vegetación nativa, pero ninguna autoridad local respondía. La frustración crecía al ver que una constructora extranjera llegaba, cercaba la playa y comenzaba a edificar como si el litoral mexicano fuera suyo.

Fue entonces cuando el caso llegó a conocimiento del Gobierno Federal a través de la viralización de las denuncias en redes sociales. La instancia encargada de actuar en estos casos es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), que tiene la facultad legal de inspeccionar, sancionar y ordenar la demolición de obras que violen la legislación en zonas federales.

La PROFEPA inició una investigación de oficio y lo que descubrieron las autoridades federales fue una doble irregularidad: por un lado, el proyecto violaba de manera flagrante la Ley General de Bienes Nacionales, que en sus artículos 119 y 154 prohíbe cualquier tipo de privatización de las playas, consideradas por el Artículo 27 constitucional como bienes del dominio público de la nación. Por otro lado, se encontró que la construcción operaba con presuntos permisos irregulares otorgados por autoridades municipales de Solidaridad, el municipio al que pertenece Playa del Carmen, lo que explicaba por qué las quejas ciudadanas habían caído en saco roto durante tanto tiempo.

La constructora Gihoteles, de capital español, había iniciado los trabajos con la promesa de un desarrollo de lujo que incluiría zonas exclusivas para huéspedes, pero sin respetar los retiros federales ni garantizar los accesos públicos a la playa. Los planos originales, filtrados por activistas en redes sociales, mostraban que el proyecto pretendía ocupar una franja de la zona federal marítimo-terrestre que por ley debe permanecer libre y abierta a todo el público.

La orden desde la Federación, a través de PROFEPA, fue clara y sin medias tintas: demolición total de todas las estructuras que invadían la zona federal marítimo-terrestre. Para garantizar la eficacia de la operación y minimizar riesgos dada la magnitud de la construcción, se optó por una demolición controlada con explosivos, un método que permite derribar edificaciones de manera precisa y en cuestión de segundos. La ejecución material quedó en manos de las autoridades municipales, encabezadas por la alcaldesa Estefanía Mercado, del partido Morena, quien acudió personalmente al lugar para supervisar los trabajos. Este gesto fue leído como una adhesión a la línea marcada por el Gobierno Federal y un intento por deslindarse de las administraciones anteriores o funcionarios que pudieron haber facilitado los permisos irregulares.

La implosión no dejó nada en pie. En cuestión de segundos, la estructura de varios niveles que se levantaba ilegalmente sobre la zona federal se convirtió en una montaña de escombros. Los trabajos de remoción comenzaron inmediatamente después, con el objetivo de restituir la playa a su estado original y garantizar el libre acceso para todos los ciudadanos. Aunque el hotel estaba en construcción y aún no operaba, las barreras perimetrales y la maquinaria de obra ya habían privatizado de facto el espacio, impidiendo el paso a los bañistas.

Operativo nacional: revisión de permisos y clausuras masivas

La demolición de “The Carmen” no es un caso aislado, sino parte de una estrategia federal mucho más amplia para recuperar las costas mexicanas. A finales de octubre de 2025, la PROFEPA llevó a cabo un operativo coordinado de inspección en 14 estados costeros, incluyendo Quintana Roo, Baja California, Guerrero, Oaxaca y Yucatán. El resultado fue contundente: 31 clausuras totales o parciales a proyectos inmobiliarios que operaban sin autorización ambiental y que invadían la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), dañando ecosistemas protegidos como dunas costeras, manglares y humedales.

Este operativo contó con el apoyo de la Secretaría de Marina (SEMAR), la Guardia Nacional y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), lo que demuestra la coordinación federal para hacer cumplir la ley.

Las autoridades federales han reconocido que existe un problema estructural: en muchos casos, los gobiernos municipales otorgan permisos de construcción en zona federal sin que exista previamente la autorización de impacto ambiental que expide la SEMARNAT, lo que configura una violación a la ley. Por esta razón, la presidenta Claudia Sheinbaum ha instruido una revisión exhaustiva de todos los permisos otorgados en los últimos años en municipios costeros, para detectar y cancelar cualquier concesión irregular que haya privatizado ilegalmente el acceso a las playas.

La postura federal es clara: se investigará y sancionará tanto a los desarrolladores que construyen ilegalmente como a los funcionarios municipales que facilitaron estas irregularidades. Como lo expresó un delegado de PROFEPA, “la ciudadanía tiene que estar vigilante de que el desarrollo turístico se realice en el marco normativo ambiental y sobre todo en el respeto de nuestros ecosistemas”.

Responsabilidades y sanciones

Los responsables del proyecto “The Carmen”, incluyendo a los inversionistas estadounidenses dueños del inmueble y a la constructora española Gihoteles, enfrentan ahora multas millonarias y posibles acciones legales adicionales por los daños ambientales causados a la duna costera y la vegetación nativa. La estructura de capital internacional del negocio no fue obstáculo para que la ley mexicana se aplicara con todo su rigor.

El derecho de los mexicanos a sus playas

Este caso ha puesto en el centro del debate nacional un problema que afecta a todo el litoral mexicano. En los últimos años, la construcción desmedida de hoteles, desarrollos inmobiliarios y clubes de playa ha ido acaparando progresivamente las costas, convirtiendo espacios que pertenecen a todos los mexicanos en áreas exclusivas para turistas extranjeros y personas con alto poder adquisitivo. La exigencia ciudadana es clara: que el Gobierno Federal continúe con estas acciones en todo el país, que se revisen todos los permisos, se cancelen los irregulares y se sancione a los funcionarios cómplices.

El video de la implosión de “The Carmen” se volvió viral no solo por las impactantes imágenes del edificio derrumbándose en segundos, sino por lo que representa: la afirmación de que en México las leyes se cumplen y se hacen cumplir, sin importar el origen del capital. Las playas son de México, no de unos cuantos inversionistas extranjeros, y el derecho de los ciudadanos a disfrutarlas está por encima de cualquier interés privado.